Nueva ley sobre pensión alimenticia permite evitar prisión por incumplimientos temporales, ofreciendo alternativas legales
En un giro significativo en la legislación de la pensión alimenticia, una nueva ley ha sido aprobada esta semana en el plenario, tras un debate que culminó con 38 votos a favor.
El proyecto, presentado en 2019 por el diputado Harllan Hoepelman, busca modificar el actual sistema que permite el encarcelamiento de individuos por no cumplir con el pago de la pensión alimenticia.
Bajo el antiguo sistema, aquellos que no podían hacer frente a sus obligaciones económicas eran encarcelados, un enfoque ampliamente criticado debido a las dificultades que esto suponía para los deudores, quienes debían gestionar el pago desde prisión para obtener su libertad. La nueva legislación introduce un cambio notable, otorgando a los deudores un plazo de hasta un mes para presentar ante el juzgado pruebas suficientes que justifiquen su retraso y su situación particular.
Durante este período de gracia, los deudores tendrán la oportunidad de ajustar su situación financiera, ya sea encontrando empleo o estableciendo otra fuente de ingresos. Solo si, después de este mes, no han realizado los pagos requeridos, se procederá con la sentencia de encarcelamiento habitual.
Esta reforma ha sido recibida con opiniones mixtas. Los defensores argumentan que permitirá a los deudores responsabilizarse de sus obligaciones sin la presión inmediata de la encarcelación, lo cual, en teoría, debería facilitar la recuperación económica y el cumplimiento de las responsabilidades familiares. Por otro lado, los críticos temen que la ley pueda ser explotada por aquellos que buscan evadir sus obligaciones, prolongando injustamente la carga financiera de los beneficiarios de la pensión.
El impacto de esta ley será vigilado de cerca por diversos sectores de la sociedad para evaluar si efectivamente equilibra la protección de los derechos de los beneficiarios de la pensión alimenticia con la justicia hacia los deudores en dificultades financieras. La implementación efectiva de esta reforma será crucial para garantizar que cumple con sus objetivos sin comprometer la seguridad económica de los más vulnerables.
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